IU rechaza que el Gobierno apruebe el PSIR `Bosques de Santander`

En un comunicado, la formación ha subrayado que el planteamiento "es erróneo de raíz", ya que la función de un Ejecutivo no debe ser pedir a las empresas que hagan lo correcto, sino "fijar límites y defender el interés general".

"A las promotoras no se les pide; un Gobierno regula, limita y protege a la gente", ha señalado el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz, que considera que el Ejecutivo está actuando "como si fuera un mediador entre vecinos y empresa" cuando en realidad es la administración responsable de decidir si un proyecto de estas características debe seguir adelante.

La formación ha apuntado que el debate no puede reducirse a cuántas viviendas se derriban o a cómo se minimiza el impacto del proyecto. "La cuestión de fondo es otra: este PSIR no debe llegar a materializarse. No estamos ante un problema de retoques o correcciones, sino ante un modelo de planificación territorial equivocado", ha afirmado.

Ruiz ha señalado que el instrumento del PSIR está pensado para actuaciones de interés regional "y no para convertir en prioridad pública operaciones urbanísticas diseñadas desde intereses privados".

"Cantabria no puede gobernarse a golpe de PSIR concebidos en despachos empresariales y posteriormente asumidos por el Gobierno como si fueran políticas públicas", ha denunciado.

La formación ha considerado "especialmente grave" que Buruaga trate de presentar el futuro del proyecto "como una cuestión que depende de la disposición de la promotora a modificar sus planes".

"Si el Gobierno entiende que existen afecciones inaceptables para los vecinos, tiene capacidad para actuar. Lo que falta no son reuniones con la empresa, sino voluntad política para decir no", ha apostillado.

Así, IU ha defendido que el desarrollo urbanístico de Cantabria debe responder a criterios de interés público, sostenibilidad, participación ciudadana y protección de los barrios consolidados.

En este sentido, ha rechazado que se utilicen "mecanismos excepcionales para facilitar macroproyectos" que generan conflicto social y cuyos beneficios privados terminan condicionando las decisiones de la administración.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de Cantabria dar marcha atrás en sus pretensiones de aprobar el PSIR 'Bosques de Santander' y ha reclamado una planificación territorial "basada en las necesidades reales de la ciudadanía".