Padres de alumnos a la concertada critican la exclusión de sus centros de las ayudas para su climatización

La Conferencia Sectorial de Energía aprobó el 21 de junio el reparto de los 200 millones entre las comunidades autónomas. Proporcional al número de centros de cada territorio, Andalucía (38,556 millones de euros) recibirá el mayor importe de las ayudas, por delante de Cataluña (33,498 millones de euros) y Madrid (17,54 millones).

En este contexto, CONCAPA considera que "una medida financiada con recursos públicos y destinada a mejorar las condiciones en las que estudian los menores no puede establecer diferencias entre alumnos en función de la titularidad del centro en el que están escolarizados".

A su juicio, "resulta difícil justificar que unas ayudas destinadas a mejorar la climatización, la eficiencia energética, la sostenibilidad y las condiciones ambientales de los centros educativos beneficien únicamente a una parte del alumnado español, dejando fuera a quienes reciben exactamente el mismo servicio educativo por el simple hecho de estudiar en un Centro Sostenido con Fondos Públicos".

CONCAPA sostiene que "el beneficio final de las actuaciones no recae sobre el propietario del edificio, sino sobre los menores que estudian diariamente en sus aulas". "No puede aceptarse que el acceso a unas instalaciones más saludables, energéticamente eficientes y adaptadas a los cambios de temperaturas dependa exclusivamente de la naturaleza jurídica del titular del inmueble", ha manifestado.

"Resulta imprescindible que las políticas públicas dirigidas a mejorar los entornos educativos se diseñen pensando en todos los niños, sin introducir diferencias derivadas de circunstancias completamente ajenas a ellos, como la titularidad del edificio donde reciben su educación. La exclusión de los Centros Concertados o Sostenidos con Fondos Públicos no solo genera una desigualdad entre alumnos, sino que profundiza una brecha económica que termina afectando directamente a las familias", ha advertido.

CONCAPA denuncia que esta convocatoria constituye" un nuevo ejemplo de sesgo ideológico" en la implantación de las políticas educativas. "Sesgo que, bajo una apariencia técnica, terminan generando un criterio de prioridad escolar, que hace que no se reconozca el término de Centros Sostenidos con Fondos Públicos, que conforma la enseñanza pública y concertada, por tanto, una desigualdad de oportunidades entre alumnos y limitando, de forma indirecta, la libertad de elección de las familias", ha remachado.

Finalmente, solicita al Gobierno que modifiquen las bases del programa PREE Docente para permitir el acceso a todos los centros educativos independientemente de quien sea su titular, atendiendo al alumnado y no únicamente a la titularidad jurídica de los edificios.