El Gobierno aprueba el decreto de centros de datos para evitar un alza de 5.000 millones en la factura
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto por el que se regulan los centros de datos en España, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a Economía y Transformación Digital con la que el Ejecutivo cierra este marco regulatorio antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, quien ha advertido de que, sin esta regulación, el despliegue de estas infraestructuras habría provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica y un alza del 25% en el recibo industrial.
Aagesen ha reivindicado que España es un país "pionero" --"a nivel mundial no existe otra referencia", ha afirmado-- y ha reconocido que estos proyectos generan "numerosas inquietudes" y "preocupaciones legítimas" sobre el consumo de energía, agua, precios y coste de los servicios públicos.
"Estamos a tiempo de que esas situaciones que se han vivido en países de nuestro entorno y al otro lado del Atlántico no puedan impactar igual en nuestro tejido productivo, en nuestros consumidores y en nuestros territorios", ha subrayado.
En concreto, la norma exige que los `data centers` acrediten que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o contratos a plazo con instalaciones renovables puestas en marcha no más de 18 meses antes que el centro, introduciendo una senda flexible hasta 2032 para cumplir con la correlación horaria (que el consumo coincida con la hora de generación verde).
De este modo, el Gobierno suaviza las exigencias del borrador inicial --tras recibir más de 600 alegaciones, críticas del sector y un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pedía rebajar obligaciones-- ante el riesgo de paralizar las inversiones.
RÉGIMEN TRANSITORIO HASTA 2032 Y DESCONEXIÓN EN PICOS DE TENSIÓN
La norma pivota sobre dos bloques --sostenibilidad y soberanía digital-- y mantiene el 80% de adicionalidad renovable, aunque con mayor flexibilidad para tecnologías como la fotovoltaica, así como la obligación de que el consumo coincida con la hora de generación verde con el objetivo de "que el sistema no se tensione, es decir, que el precio sobre los consumidores no quede tensionado a la vista del gran consumo".
Para los proyectos más inmediatos se habilita un régimen transitorio opcional que contempla la desconexión del centro si hay tensión en la red.
Quienes se acojan deberán cumplir una correlación horaria progresiva en horas punta: arrancarán en el 60%, subirán al 70% en 2029 y, "a partir del 1 de enero del año 2032, absolutamente todos y cada uno de los centros de datos tendrá que cumplir con el 80% de adicionalidad y con la correlación horaria siempre", ha remarcado.
ETIQUETA `A` EN AGUA Y EFICIENCIA POR REGIÓN CLIMÁTICA
En materia hídrica, todos los nuevos centros deberán alcanzar la etiqueta europea `A`, lo que supone "un consumo casi nulo" de 0,1 litros por kilovatio.
También se exigirá la máxima eficiencia energética (`A`), pero adaptada a las condiciones de refrigeración de cada región climática.
Por su parte, el bloque de soberanía digital establece mecanismos de supervisión para garantizar que los datos permanezcan en España y el Espacio Económico Europeo, limitando su acceso a terceros países.
"Los centros de datos tienen en su mano una oportunidad de oro para demostrar que pueden llegar a los distintos países ofreciendo algo de valor", ha señalado.
15 GW YA CONCEDIDOS EQUIVALEN AL 40% DEL CONSUMO PICO
Aagesen ha subrayado que el sector ha desbordado las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que estimaba menos de 4 gigavatios (GW) para 2030.
Actualmente hay 15 GW con permisos de acceso concedidos (seis en transporte y nueve en distribución) --equivalentes a "prácticamente el 40% del consumo pico" nacional--, más otros 20 GW en cola.
Para justificar la urgencia del decreto, la ministra ha señalado las "tensiones de distinto calado" aplicadas en mercados saturados por estas instalaciones, como Irlanda --donde acaparan el 23% del consumo eléctrico y "dijeron ni un centro de datos más"--, Países Bajos (5%) y 15 estados de Estados Unidos.
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